La creación, en el año2000, de una academia de la lengua en Canarias, para normalizar (en el sentido de ?reconocer la normalidad?, no en el sentido de ?dictar normas?) la tradicionalmente cuestionada variedad lingüística del español hablado en las islas, levantó una recia tormenta ideológica tanto en el ámbito de la comunidad autónoma canaria como en ciertos círculos del resto del España, por razones evidentes. En primer lugar, por lo que suponía de reivindicación de la legitimidad de las hablas regionales, tradicionalmente consideradas un peligro para la unidad del idioma. En segundo lugar, porque muchos pensaron que la nueva institución se creaba con la aviesa intención de cuestionar el monopolio lingüístico de la RAE. Y, en tercer lugar, por lo que implicaba de rebelión contra el planteamiento político oficial de que solo los pueblos con Estado pueden tener academia de la lengua propia. Como era lógico, esta nueva forma de entender y gestionar los asuntos del idioma puso en pie de guerra a las fuerzas más conservadoras o tradicionales de la lengua española, que atacaron de forma feroz el proyecto, acusán
