Cuando Fernando VII expiró en el Palacio Real de Madrid el 29 de septiembre de 1833, la silueta institucional de la Monarquía española seguía coronada por unos altos cuerpos de gobierno jurisdiccional que amenazaban con derrumbarse desde hacía mucho tiempo. El libro que el lector tiene en sus manos estudia el proceso de transformación estructural que, arrancando en la primavera de 1834 y cerrándose en el verano de 1836, unió la desaparición definitiva de los Consejos de Estado, Real de Castilla, Supremo de Indias, Supremo de Hacienda y Supremo de Guerra, con la dificultosa inauguración de un aparato de gobierno que, en una primera etapa, tuvo al peculiar Consejo Real de España e Indias en su centro. Dividida la obra en tres secciones, el autor ha dirigido cada una de ellas a analizar las distintas fases del momento que acabó resultando constitutivo de un modelo de Estado que desde entonces pasó a adjetivarse como administrativo. La primera sección indaga en el conflicto que, enfrentando a realistas moderados y reaccionarios, hundió sus raíces en el distinto modo que ambos bandos tenían de entender el gobierno de la monarquía. El de la última restauración absolutista de Fernando VII era un mundo que no tenía incorporado entre sus nociones jurídico-políticas la de una administración como sujeto y ejercicio del poder ejecutivo, por lo que las dinámicas reformistas que por primera vez trataron de introducirla encontraron en la supervivencia de los antiguos consejos una serie de obstáculos muy difíciles de superar. Poco tiempo después, a la muerte del monarca, un contexto sustancialmente distinto acogió el diseño y la puesta en práctica de las medidas que llevaron a cabo la gran transformación institucional: los reales decretos de 24 de marzo de 1834. A estudiarlos en profundidad está dedicada la segunda sección de la investigación, a la que sigue una tercera y última que se ocupa de examinar, por extenso, el ambicioso proyecto que fue la instauración del Consejo Real de España e Indias; un sínodo llamado a albergar en su seno algunas de las atribuciones de las antiguas corporaciones y, especialmente, nuevas funciones y perspectivas de gobierno que acabarían revelándose decisivas en la configuración del régimen consultivo de la Administración constitucional decimonónica.
