Hasta no hace mucho tiempo la definición del concepto de «sanción administrativa» y la necesidad de distinguir técnicamente las sanciones de otras medidas de intervención o policía administrativas de contenido igualmente desfavorable para su destinatario no suponían entre nosotros ningún motivo de preocupación. Hoy, sin embargo, son abundantes las opiniones doctrinales y las sentencias judiciales que se cuidan de esta distinción y de ofrecer criterios que permitan colocar en su lugar a la correspondiente medida administrativa. Aunque mucho se ha avanzado en este asunto, todavía hay más de un cabo suelto y bastantes malentendidos.
En este contexto enredado, y tomando pie en el concepto material de sanción administrativa que en forma una unánime manejan la doctrina y la jurisprudencia, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, este libro bucea críticamente en la propia jurisprudencia constitucional y repasa las opiniones de los principales especialistas para ver cuáles son los criterios que una y otros utlizan para determinar cuándo una medida administrativa merece realmente el nombre de sanción, y alertar en ambos casos de sus debilidades. El libro, en esta segunda edición, se cierra con un capítulo que avisa de la existencia de un triple desgarrón en la comprensión dominante.
