América Latina afronta, a comienzos del siglo XXI, un nuevo desafío en el ámbito de la participación política y de los derechos civiles. La ampliación del principio de equidad social y de garantía institucional es el fundamento de la predisposición democrática, que se ejerce con el soporte del desarrollo tecnológico. La política del pleno empleo y del aumento del rédito contribuye a mantener y a aumentar la demanda agregada. Los estados-naciones están comprometidos en reducir los altos grados de concentración propietaria y de la diversificación productiva. La superación de la heterogeneidad estructural está ligada al proceso industrial y a las modernas formas de trabajo colectivo. Se perfila por lo tanto la necesidad de superar la discrasia existente entre la estructura de la demanda y la formulación de la oferta de la región, aminorando la presión sobre la balanza de pagos.
La nueva revolución industrial se manifiesta en la digitalización de la producción, en la generación de nuevos materiales, en las síntesis biológicas activas, en la menor injerencia en el sistema ambiental. La igualdad de los derechos se manifiesta en la ciudadanía, que contribuye a conformar la participación solidaria.
